La obligación de priorizar el catalán en Andorra: qué dice la nueva ley y cómo afecta a tu web
El Gobierno de Andorra ha reforzado recientemente el marco legal para garantizar la priorización del catalán tanto en la atención al público como en los contenidos digitales, especialmente en páginas web, e-commerce y aplicaciones orientadas al consumidor.
Esta obligación ya no es una recomendación cultural: es un requisito legal, con sanciones económicas que ya se están aplicando.
En este artículo te explicamos qué establece la normativa, cómo se está ejecutando, qué multas puedes recibir y cómo podemos ayudarte a evitar riesgos y sanciones.
¿Qué es la nueva normativa lingüística de Andorra?
La modificación de la Ley de Ordenación del Uso de la Lengua Oficial obliga a todas las empresas que operan en Andorra a garantizar que el catalán sea la lengua prioritaria y de uso obligatorio en:
- Atención al público.
- Comunicaciones comerciales.
- Páginas web y comercio electrónico.
- Aplicaciones e interfaces digitales.
- Procesos de compra y formularios.
- Documentación digital y correos transaccionales.
En resumen: cualquier negocio digital con presencia en el país debe disponer como mínimo de una versión completa en catalán, y esta debe ser la primera que vea el usuario.
¿Desde cuándo es obligatorio cumplirla?
La reforma entró en vigor en 2024, y tras un período inicial de adaptación, el Gobierno ya aplica inspecciones y sanciones reales.
Actualmente se penalizan:
- Webs sin versión en catalán.
- Procesos de compra no traducidos.
- Formularios y avisos legales solo en otros idiomas.
- Atención al cliente que no prioriza el catalán.
¿Cómo se aplica la ley a webs y e-commerce?
El catalán debe ser el idioma principal
La versión en catalán debe cargarse automáticamente, especialmente para usuarios que acceden desde Andorra.
Todos los contenidos deben estar traducidos
Menús, categorías, textos, productos, servicios e información legal deben estar íntegramente en catalán.
El proceso de compra debe estar completamente en catalán
Carrito, checkout, métodos de pago y confirmaciones deben mostrarse en catalán.
La atención al cliente también forma parte de la ley
El chat, el correo o la asistencia deben ofrecer servicio en catalán.
Consecuencias reales de no cumplir la normativa
La ley se está aplicando de manera activa y ya existen sanciones visibles.
1. Primer caso real de multa en Andorra
Un establecimiento del Pas de la Casa fue sancionado en 2024 con una multa de 2.200 € por no tener los formularios de reclamación disponibles en catalán.
Se consideró una infracción grave, y la sanción se aplicó sin ampliación de plazo.
Este caso es especialmente relevante porque demuestra que el régimen sancionador está activo y que se penalizan tanto contenidos físicos como digitales.
2. ¿A cuánto pueden ascender las multas?
Las sanciones varían según el grado de incumplimiento y la reincidencia.
Actualmente, las infracciones graves pueden conllevar multas entre 1.200 € y 6.000 €.
Las infracciones muy graves o reiteradas pueden alcanzar importes entre 6.000 € y 60.000 €, especialmente si existe persistencia en el incumplimiento.
Además, la obligación de atender en catalán también está regulada, con sanciones entre 600 € y 10.000 € según el caso.
En conjunto, una web sin traducir, un proceso de compra en otro idioma o formularios sin adaptar pueden derivar fácilmente en sanciones de varios miles de euros.
3. Inspecciones y avisos previos
Antes de imponer una multa, muchas empresas reciben:
- Un requerimiento formal.
- Un plazo breve para corregir errores.
- Una revisión posterior.
Aun así, una falta grave o reiterada puede comportar sanción directa, como ocurrió en el caso del Pas de la Casa.
4. Impacto en la reputación
Incumplir la normativa puede generar quejas de usuarios y afectar directamente a la imagen de marca, especialmente en sectores competitivos.
Si ya se ha multado a un establecimiento físico, también se puede sancionar a una web
El caso del Pas de la Casa es una primera alerta clara:
Si un negocio ha sido multado por documentación física, las páginas web —mucho más fáciles de inspeccionar— son candidatas evidentes para sanciones futuras.
Adaptarse es una cuestión de cumplimiento legal, pero también de prevención económica.
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